RESTRINGEN PAGOS CON TARJETA EN EL TRANSPORTE DE TEQUISQUIAPAN; USUARIOS ENFRENTAN MAYORES GASTOS
Tequisquiapan, Querétaro. Usuarios del transporte público en Tequisquiapan han manifestado inconformidad ante las limitaciones que se están presentando para utilizar las tarjetas de prepago durante sus traslados, situación que afecta principalmente a quienes cuentan con tarifas preferenciales.
De acuerdo con los reportes sobre esta problemática, algunos operadores estarían permitiendo únicamente que cinco pasajeros por unidad realicen el pago mediante tarjeta, mientras que el resto debe cubrir el importe del pasaje en efectivo.
Esta situación representa una complicación para las personas que utilizan el beneficio de la tarifa preferencial de dos pesos, ya que, al no poder utilizar su tarjeta, se ven obligadas a pagar hasta 20 pesos por recorrido, incrementando considerablemente sus gastos de transporte.
El problema cobra mayor relevancia para estudiantes, adultos mayores y personas que dependen de este servicio para trasladarse diariamente entre Tequisquiapan y San Juan del Río.
Entre las inconformidades también se encuentra el tiempo de espera para abordar otra unidad, pues algunos usuarios prefieren pagar una cantidad mayor antes que permanecer hasta 30 minutos esperando una nueva oportunidad de traslado.
Ante este panorama, integrantes del colectivo Muévete Tequis han dado seguimiento a los testimonios de los pasajeros, quienes señalan que las restricciones estarían relacionadas con inconformidades de los concesionarios respecto a los pagos correspondientes al esquema de tarifas preferenciales.
Por su parte, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro ha sostenido que las tarifas autorizadas deben respetarse y que las condiciones del servicio no pueden modificarse unilateralmente por los operadores.
La situación vuelve a generar cuestionamientos sobre la calidad del transporte público en Tequisquiapan y la necesidad de garantizar que los mecanismos de pago funcionen adecuadamente, sin trasladar las dificultades administrativas o económicas a los usuarios.
La ciudadanía espera que las autoridades correspondientes intervengan para revisar estas prácticas y asegurar que los beneficios tarifarios puedan utilizarse sin restricciones.
